Por: Luis Solari de la Fuente*
Un canal de televisión hizo una encuesta sobre la despenalización del aborto de niños por nacer, en casos de detección de alguna discapacidad prenatal y en casos de violación, aprobada por la comisión revisora del Código Penal.
El 79% de las llamadas estuvieron en contra de despenalizar. ¿Cómo así esta amplísima mayoría estuvo representada por la minoría de la comisión? Porque las personas que votaron no han sido elegidas por votación popular. ¿Por qué se permite que los que emiten opinión voten, cuando solo los parlamentarios tienen facultad legislativa?
Dos delegados de los colegios de abogados tuvieron votos opuestos. Sucedió lo mismo con el Ministerio de Justicia. Esto significa que votaron representándose a sí mismos, sin posición institucional.
El delegado de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) votó por la despenalización, sin que ese tema haya sido debatido institucionalmente ni se haya consultado a los rectores. ¿Cómo puede permitir el presidente de la ANR un voto inconsulto? ¿O es que las universidades van a comenzar a enseñar que se pueden incumplir los tratados internacionales que protegen la vida humana desde la concepción?
El delegado del Poder Judicial, que abogó y votó por la despenalización, conoce perfectamente la amplísima protección jurídica que tienen los niños por nacer, que por su debilidad requieren precisamente cautela de su libertad de desarrollo. ¿No es el Estado el primer cumplidor de los tratados internacionales, la Constitución, los códigos y las leyes? ¿Tal voto representa al Poder Judicial o a sí mismo? Es indispensable que esa respuesta la dé el presidente del Poder Judicial.
¿Y cómo votará la Defensoría del Pueblo en la reconsideración planteada? ¿Defenderá al pueblo inocente?
Estos choques intrainstitucionales existen solamente porque se ha permitido votar en esta materia a quienes no hemos elegido para hacerlo. En este tipo de comisiones, cuando en una materia no existe consenso, siempre se ha procedido a consignar en el texto las diversas sugerencias, sin ser votadas, y luego los legisladores debaten y votan con representación popular lícita.
El eugenismo internacional aterrizó en el Perú. Su equipaje: considerar que hay gente “inservible” y que, por tanto, hay que matarla. Lo anticipé hace casi un año en “Tras bambalinas” y luego en “Jalados en conducta”. Parece que Herodes hubiera llegado al Perú, pues plantear que nos convirtamos en un país en el que se dé muerte a las personas con discapacidad antes de nacer, no solo es eugenismo espartano o nazi, sino que pretende implantar una política herodiana en nuestra patria: matar inocentes.
Peor aún, pretender implantar pena de muerte para el niño —que es absolutamente inocente— en los casos en que ni el violador tiene esa pena, sería decirle al mundo que el derecho peruano desprotege, castiga y mata a los débiles e inocentes.
La triste tesis de que legalizar el aborto reduce su frecuencia es más falsa que título de Azángaro. Se “inflan” las cifras, como también se ha hecho en nuestro país (explicado en “No mentirás, no matarás”), para usarlas como argumento. En los países en que se legalizó, se multiplicó.
¿Y quiénes son aquí los primeros promotores de tal eugenismo herodiano? Organizaciones esencialmente financiadas con dinero foráneo, de países que no han suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, pregonando un falso derecho a matar al hijo, en la práctica incitan a las madres a hacerlo en vez de acogerlas, acompañarlas y atender a ambos. ¡Increíble que connacionales se presten a esto!
En realidad, se trata de “abrir” nuevos mercados para toda la reciente generación de productos que ya existen para realizar abortos mediante fármacos. Triste y vergonzoso papel de quienes se prestan a todo esto y consiguen asombrosamente introducir eugenistas —como también está sucediendo en otros países— en las esferas donde se pretenden “adaptar” los códigos y las leyes. ¿Qué prevalecerá: la defensa de los intereses o la defensa de la vida?
(*) Ex primer ministro
Fuente: Diario el Comercio
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